sábado, 13 de diciembre de 2008

SEGURIDAD SOCIAL PRIVATIZADA: ¿DEBEMOS CONFIAR?

El festival de privatizaciones que trajo de la mano el neoliberalismo, ha querido presentar la ley de Seguridad Social como una conquista de la Democracia, interesada en resolver los problemas que, en materia de salud y pensiones dignas, han venido reclamando los trabajadores durante décadas. En nuestro país, que siempre funcionó un Instituto de Seguros Sociales deficiente e incapaz de obligar a ciertas empresas a cotizar regularmente, y ante la existencia de planes de retiro sin adecuada regulación estatal, pero que además no representaban una cobertura bien definida y justa, proliferaron los planes de seguros médicos categorizados con un criterio jerárquico-elitista, al cual sólo podían acceder quienes más capacidad de adquirirlos tuviera, concentrados en las más lujosas clínicas del país.

Esta ley ha sido como el anillo para el dedo de un sector financiero que siempre ha abusado de los recursos que le confían los depositantes, pues pueden jugar a su antojo con dichos recursos. Por administrar los fondos de pensiones, así como de los aportes a las ARS, las ganancias extraordinarias que registran, no se compadecen con el rendimiento que se le registra a los afiliados, en el caso de los fondos de pensiones, ni con los servicios de salud que recibe la población afiliada, en el caso de los planes de salud, toda vez que tales ganancias son el resultado de inversiones en bonos, depósitos a plazos fijos, en las bolsas de valores, Etc., de cuyos resultados ni se enteran los afiliados, quienes sólo cuentan con la garantía de una Superintendencia de Seguros suceptible de ser politizada y confabulada.

El proceso de privatización en nuestro país, como en todos los demás, entre otros motivos, se justificó por lo ineficiente que, según sus ideólogos, resultan los Estados para llevar a cabo funciones empresariales; la corrupción de los políticos fue argumento de primera línea. Todo simples subterfugios. El ejemplo más elocuente es el caso de Argentina posterior a Carlos Menem, pero consecuencia de su gobierno. En este caso, prácticamente todo el que escuchaba las noticias, podía llegar fácilmente a esa conclusión de la ineficiencia del Estado argentino; fácilmente se logró transferir al sector privado una actividad de imnportancia capital para cualquier sociedad. Hoy vemos todo lo contrario, porque la fiebre no está en la sábana. El Estado es o no eficiente, dependiendo de quiénes lo dirijan; de la voluntad política presente o ausente. ¿Qué se puede esperar de un sistema en el que se vea un caso como el que se originó en el Banco Nacional de la Vivienda, en donde un ex director que laboró durante tan solo cuatro años, se hizo aprobar una pensión millonaria como ofensiva al país?. Es bueno recordar que el Banco Nacional de la Vivienda es una de las entidades en las que la ley autoriza a las AFP a dirigir sus inversiones. '¡OJO CON ESO!.

No quiero hacer predicciones fatales. Es dificil abstenerse de hacerlas. Por eso, prefiero referirlos a la siguiente página web, la cual les ayudará a entender por qué la presidenta argentina optó, en este momento de crisis mundial, recuperar para el Estado el manejo de la Seguridad Social argentina.

VER: PERDIDA DE QUIENES CONFIARON EN LA SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA EN ARGENTINA. Por David Cufré