Un congreso bicameral, está concebido para funcionar con la mayor eficiencia posible, toda vez que diputados y senadores tienen que conocer los mismos proyectos, lo cual está así establecido para garantizar la discusión profunda, analítica e imparcial, siempre atendiendo al interés nacional como prioridad. Una vez aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, éste pasa al Poder Ejecutivo, el cual puede vetarlo y devolverlo al Congreso, pero que tiene que promulgar si es enviado de nuevo por el Congreso aprobadas o rechazadas las observaciones hechas por él.
Todo esto se cumple o no se cumple, dependiendo cómo esté conformado el Estado en cuanto a correlación de fuerzas; en cuanto a cuán influyente sea el liderazgo del Ejecutivo sobre los miembros del Congreso que pertenezcan a su partido; pero también en cuanto a si la mayoría congresional es opositora, si la presidencia de cualquiera de las cámaras o de ambas esté presidida por un opositor o un oficialista, y hasta de lo que les interese aprobar o rechazar a los sectores de poder económico, como empresarios, terratenientes y compañías extranjeras; el fín es que nunca dependerá de lo que quiera el Pueblo Soberano, que es al que supuestamente representan los congresistas, al que el Presidente le administra sus bienes y al que el Poder Judicial le garantiza la justicia. Así funciona la democracia llamada Representativa con su clásica división de los poderes.
El recurso de Vistas Públicas para un proyecto de mucha importancia, así como las consultas para fines de modificación a la Constitución, bajo el sistema Representativo no garantiza transparencia alguna, si tomamos en cuenta los sectores que participan. Desde la exposición de los proyectos y sus motivaciones, hasta las discusiones de los comisionados de ambas cámaras, dejan entrever un pugilato de intereses, en el cual, los intereses de la población no están genuinamente defendidos y, aunque la retórica, la redacción y la forma hacen un esfuerzo por dejar la sensación de transparencia, el fondo y la esencia quedan suceptibles de interpretaciones y aplicaciones interesadas.
Hay contrasentidos como, por ejemplo, los acuerdos o tratados internacionales, que quedan permitidos por la Constitución, entre las atribuciones del Ejecutivo, quien debe someter a consideración del Congreso Nacional, quedando, luego de aprobada y promulgada, como ley adjetiva. Por lo tanto, una cosa es pactar tratados beneficiosos para el intés nacional, como acto cónsono con el espíritu de la ley sustantiva sobre soberanía e independencia, y otra cosa es interpretar los tratados como una obligación inderogable por entender que se viola la Constitución. Es el caso de los TLC, como el DR-CAFTA, cuyo incumplimiento implica una afectación de graves consecuencias para la independencia económica y la soberanía, así como la aplicación de leyes extraterritoriales ajenas a la jurisprudencia dominicana. Pero lo más grave de este tratado es, que aún su fiel cumplimiento es dañino a la soberanía e independencia nacionales, pues no garantiza equidad ni oportunidades reales a todos los sectores de la economía, aunque quieran hacer creer lo contrario. ES UNA TRAMPA.
Dicho lo anterior, los miembros del Congreso y el Ejecutivo, no ejercieron la representatividad real para la firma del DR-CAFTA, sino que, basados en el poder que les dió el Pueblo al elegirlos, asumieron que esto significa que todo cuanto ellos aprueben, es mandato del Pueblo, aunque se trate de algo que afecte aspectos esenciales de nuestras leyes sustantivas. Pero ocurre que, en la llamada Representativa, las consultas populares para casos como el citado, son manipuladas por los partidos, tal y como ocurre con las elecciones generales, que corre el dinero y el fraude para que los sectores interesados logren sus objetivos.
Todo esto se cumple o no se cumple, dependiendo cómo esté conformado el Estado en cuanto a correlación de fuerzas; en cuanto a cuán influyente sea el liderazgo del Ejecutivo sobre los miembros del Congreso que pertenezcan a su partido; pero también en cuanto a si la mayoría congresional es opositora, si la presidencia de cualquiera de las cámaras o de ambas esté presidida por un opositor o un oficialista, y hasta de lo que les interese aprobar o rechazar a los sectores de poder económico, como empresarios, terratenientes y compañías extranjeras; el fín es que nunca dependerá de lo que quiera el Pueblo Soberano, que es al que supuestamente representan los congresistas, al que el Presidente le administra sus bienes y al que el Poder Judicial le garantiza la justicia. Así funciona la democracia llamada Representativa con su clásica división de los poderes.
El recurso de Vistas Públicas para un proyecto de mucha importancia, así como las consultas para fines de modificación a la Constitución, bajo el sistema Representativo no garantiza transparencia alguna, si tomamos en cuenta los sectores que participan. Desde la exposición de los proyectos y sus motivaciones, hasta las discusiones de los comisionados de ambas cámaras, dejan entrever un pugilato de intereses, en el cual, los intereses de la población no están genuinamente defendidos y, aunque la retórica, la redacción y la forma hacen un esfuerzo por dejar la sensación de transparencia, el fondo y la esencia quedan suceptibles de interpretaciones y aplicaciones interesadas.
Hay contrasentidos como, por ejemplo, los acuerdos o tratados internacionales, que quedan permitidos por la Constitución, entre las atribuciones del Ejecutivo, quien debe someter a consideración del Congreso Nacional, quedando, luego de aprobada y promulgada, como ley adjetiva. Por lo tanto, una cosa es pactar tratados beneficiosos para el intés nacional, como acto cónsono con el espíritu de la ley sustantiva sobre soberanía e independencia, y otra cosa es interpretar los tratados como una obligación inderogable por entender que se viola la Constitución. Es el caso de los TLC, como el DR-CAFTA, cuyo incumplimiento implica una afectación de graves consecuencias para la independencia económica y la soberanía, así como la aplicación de leyes extraterritoriales ajenas a la jurisprudencia dominicana. Pero lo más grave de este tratado es, que aún su fiel cumplimiento es dañino a la soberanía e independencia nacionales, pues no garantiza equidad ni oportunidades reales a todos los sectores de la economía, aunque quieran hacer creer lo contrario. ES UNA TRAMPA.
Dicho lo anterior, los miembros del Congreso y el Ejecutivo, no ejercieron la representatividad real para la firma del DR-CAFTA, sino que, basados en el poder que les dió el Pueblo al elegirlos, asumieron que esto significa que todo cuanto ellos aprueben, es mandato del Pueblo, aunque se trate de algo que afecte aspectos esenciales de nuestras leyes sustantivas. Pero ocurre que, en la llamada Representativa, las consultas populares para casos como el citado, son manipuladas por los partidos, tal y como ocurre con las elecciones generales, que corre el dinero y el fraude para que los sectores interesados logren sus objetivos.
¿QUE PASARIA EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?
Lo primero que hay que aclarar, es que la Participativa no es compatible con el tradicionalismo, tal como lo vivimos en República Dominicana, porque la Participativa, aunque tiene representantes en el Legislativo, éstos no obedecen incondicionalmente a liderazgos mesiánicos ni a intereses de grupos económicos, sino que su papel está supeditado a las discusiones y decisiones de la comunidad que representa en función de los intereses de ésta, con la cual tiene que convivir, discutir, asegurarse de la comprensión de los proyectos por parte de su comunidad, escuchar y someter a discusión propuestas de la comunidad expuestas por cualquier ciudadano y cumplir su representación en el marco de lo que acuerde la comunidad. Ante una propuesta del Ejecutivo que amerite una consulta y discusión profunda de la población, ésta actúa con independencia total, bajo la premisa de que se le ha explicado en detalle y sin coacción alguna la conveniencia del proyecto, lo que permite apoyar o contradecir concientemente al Ejecutivo, el cual no tiene más alternativa que obedecer el mandato popular.
Por lo antes dicho, en un sistema auténticamente participativo, una propuesta como el DR-CAFTA, ni siquiera es esbozada, pues obtendría un rotundo rechazo por los propios representantes, entre los cuales habrían profesionales, campesinos, obreros, y también comerciantes y otros sectores progresistas, afiliados o no a un partido político. La Participativa no da espacio a los acuerdos de aposento, no puede ser permeado por delincuentes políticos, dado que, si de intereses vamos a hablar, primará siempre el interés de las mayorías porque es la mayoría que participa y la mayoría no es delincuente. Lo que vemos en nuestro Congreso representativo, no es una auténtica representación, puesto que una "línea" bajada por un partido político en función de su interés vinculado a una coyuntura o estrategia particular, prima sobre lo colectivo. Así, se han rechazado proyectos importantes, de esos que suelen aparecer de vez en cuando y que se pueden catalogar de beneficiosos para el país.
Para finalizar, he escrito esta entrega a propósito del período electoral en que estamos inmersos. He visto cómo los partidos están "empeñados" en lavarse sus rostros, para lo cual se están tomando medidas que aseguren llevar al Congreso Nacional a representantes no vinculados a escándalos ni con un pasado cuestionado. Eso puede estar bien concebido, pero la fiebre no está en la sábana, sino en el sistema. A la palma no se le puede pedir que dé olivos, pero a lo sumo, deberían tratar de hacer evolucionar al sistema hacia un estado que, aunque dentro del desprestigiado capitalismo, entienda las necesidades de la población y den pasos de avance hacia objetivos más nobles. Pero, cuando se llega a un grado tan alto de impurezas, no hay catarsis posible. Además, esos seis años para los nuevos y diez para los que se quieren quedar, son muy atractivos. Y que se entienda: NO ES ASUNTO DE ACTITUD PESIMISTA, SINO DE REALIDADES. Realidades que se vienen sucediendo desde siempre.
Por lo antes dicho, en un sistema auténticamente participativo, una propuesta como el DR-CAFTA, ni siquiera es esbozada, pues obtendría un rotundo rechazo por los propios representantes, entre los cuales habrían profesionales, campesinos, obreros, y también comerciantes y otros sectores progresistas, afiliados o no a un partido político. La Participativa no da espacio a los acuerdos de aposento, no puede ser permeado por delincuentes políticos, dado que, si de intereses vamos a hablar, primará siempre el interés de las mayorías porque es la mayoría que participa y la mayoría no es delincuente. Lo que vemos en nuestro Congreso representativo, no es una auténtica representación, puesto que una "línea" bajada por un partido político en función de su interés vinculado a una coyuntura o estrategia particular, prima sobre lo colectivo. Así, se han rechazado proyectos importantes, de esos que suelen aparecer de vez en cuando y que se pueden catalogar de beneficiosos para el país.
Para finalizar, he escrito esta entrega a propósito del período electoral en que estamos inmersos. He visto cómo los partidos están "empeñados" en lavarse sus rostros, para lo cual se están tomando medidas que aseguren llevar al Congreso Nacional a representantes no vinculados a escándalos ni con un pasado cuestionado. Eso puede estar bien concebido, pero la fiebre no está en la sábana, sino en el sistema. A la palma no se le puede pedir que dé olivos, pero a lo sumo, deberían tratar de hacer evolucionar al sistema hacia un estado que, aunque dentro del desprestigiado capitalismo, entienda las necesidades de la población y den pasos de avance hacia objetivos más nobles. Pero, cuando se llega a un grado tan alto de impurezas, no hay catarsis posible. Además, esos seis años para los nuevos y diez para los que se quieren quedar, son muy atractivos. Y que se entienda: NO ES ASUNTO DE ACTITUD PESIMISTA, SINO DE REALIDADES. Realidades que se vienen sucediendo desde siempre.
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